diciembre 7, 2021

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El virus corona envía exposición a la clase trabajadora

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IEn Perú no conviven intereses públicos y privados. Cuando el gobierno y la gente hacen lo que pueden para prevenir el brote del virus corona, la principal asociación empresarial del país hace que la economía vuelva a encarrilarse. También ha criticado su estricto apego a la ética y los requisitos de salud pública, llamándolos «países europeos».

Con base en información científica y experiencia internacional, es necesario declarar el estado de emergencia e implementar el aislamiento una vez que el Gobierno 19 llegue al Perú. El aislamiento se extendió a nueve semanas después del 16 de marzo. Esta decisión es absolutamente necesaria para combatir la rápida propagación del virus y, por el momento, es la principal estrategia para controlarlo.

La medida tuvo consecuencias inmediatas y significativas para las familias peruanas. El principal acto de equilibrio del gobierno es: mantener a las familias en sus hogares y, al mismo tiempo, asegurar que los problemas estructurales del modelo nacional actualmente expuesto no socaven ese propósito. Pero el hambre es el enemigo número uno y el mayor temor, más grande que estar infectado por un virus.

El Perú ya atravesaba una peligrosa situación social antes de la epidemia. La informalidad, la exportación de materias primas y la flexibilidad de las relaciones laborales definen la economía. En 2018, el 72,4 por ciento de la población económicamente activa trabajaba en el sector informal, mientras que el 27,6 por ciento tenía un empleo formal. Esta economía informal se concentra en los sectores más pobres, donde hay trabajadoras del hogar y trabajadoras que ganan menos del salario mínimo legal en situaciones como autoempleo, trabajo bajo, trabajo familiar o trabajo de patada.

Las medidas preventivas de salud pública implementadas por el gobierno del presidente Martín Viscarra, antes del aislamiento, fueron adecuadas pero no suficientes. En términos económicos y sociales, las acciones y decisiones no responden a las demandas de los sectores más vulnerables de la sociedad: los más pobres y empobrecidos, los trabajadores independientes, los autónomos y los trabajadores informales, las comunidades andinas y tribales, así como la deuda. -Sectores de ingresos medios dominados.

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Para hacer frente a los impactos sociales, el gobierno adoptó en primer lugar un conjunto de medidas centradas en la atención de los trabajadores más vulnerables. Proporcionó canastas básicas de alimentos, desmanteló el fondo de ayuda de emergencia inicial (Bono 380) y permitió a los trabajadores acceder a sus ahorros a través de sus fondos de pensiones privados y una especie de seguro de desempleo pagado por la empresa. En el caso de resultados. El acceso a ambos es un derecho laboral. Por el lado de los empleadores, el gobierno implementó un subsidio del 35 por ciento para los salarios, tasas de interés más bajas y trabajo a distancia.

El gobierno tenía como objetivo subsidiar a las grandes corporaciones para mitigar los efectos sociales del aislamiento. En segundo lugar, como se documenta en el censo estatal y los registros municipales, extendió el Pono 380 a 3.5 millones de hogares por un total de $ 111. Sin embargo, las serias deficiencias en estos datos hicieron imposible que el dinero llegara a quienes realmente lo necesitaban.

No solo fue muy baja la cantidad de ayuda para las necesidades básicas de la familia, sino que no llegó a tiempo y aún no ha llegado a los millones de familias que figuran en los registros del gobierno. Esta situación ha desplazado forzosamente a miles de familias que han decidido trasladarse de Lima a sus zonas de origen como Pura, Apurimak o Cusco. Salida «Caminantes”(The Walkers) continúa.

También estaba claro que el gobierno no tenía las herramientas para prevenir multitudes en los centros bancarios: en los distritos más pobres de Lima, los bancos estaban en las carreteras principales, no en todos los distritos porque estaba en las áreas más pobres. Los sentimientos de impotencia y la incapacidad de considerar las realidades de la industria popular, por ejemplo, se complican aún más por el hecho de que muchas personas van a los mercados cercanos en busca de alimentos cotidianos. La crisis económica y la inseguridad se ven agravadas por la falta de refrigeradores en los hogares, la congestión y el escaso acceso a servicios básicos como agua y saneamiento. El gobierno no tiene en cuenta estos factores.

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La gente no solo va a los mercados a comprar, sino que también se gana la vida vendiendo. Tales actos se tachan de irresponsables, y hay algunos actos irresponsables como en otras partes del mundo, y quienes desobedecen el aislamiento enfrentan consecuencias y sanciones policiales. La atención diaria de los medios expone el «ignorar» las reglas, en lugar de las estafas de corrupción en la compra y venta de bienes, productos de salud o suministros médicos.

Con el paso de los días, la gerencia completó su programa de donaciones con una transferencia de recursos, lo que permitió a las empresas acceder a préstamos bancarios de hasta $ 87 millones a través del programa “Reactivar Perú”. El anuncio provocó críticas por la exclusión de las pequeñas y medianas empresas del esquema porque los bancos, no el gobierno, establecen las tasas de interés.

Como resultado de la presión de la Empresa Nacional Privada (CONFIEP), que representa la principal gran empresa del Perú, el gobierno declaró una «suspensión adecuada del trabajo» para miles de trabajadores. Esto significa que el gobierno ha dado a todas las empresas la libertad de suspender sus relaciones laborales con sus trabajadores para que puedan sobrevivir con sus propios ahorros. No es poco realista afirmar que la carga de la crisis económica, social y sanitaria recae sobre la clase trabajadora.

El presidente Viskara reconoció los fracasos en la liberación del Fondo de Ayuda de Emergencia Bono 380 cuando se enteró de que las personas hacen fila para averiguar si son beneficiarios o no. La falta de comprensión del proceso, las demoras y el acceso deficiente han afectado a miles de virus en estas líneas. Desafortunadamente, el gobierno no ha prestado suficiente atención a la implementación. Más bien, el debate se centra en definir la pobreza y la vulnerabilidad. La implementación y la focalización siguen siendo problemáticas.

Es por eso que varios grupos de izquierda, como la Alianza Nuevo Perú, liderada por Verónica Mendoza, han propuesto un fondo de ayuda global que repartiría unos $ 300 con un documento nacional de identidad por cada ciudadano peruano. La idea es pasar de centrarse en el socorro selectivo al socorro global. Los economistas experimentados insisten en que esta medida no acabará con el filtrado del estado, porque la segunda medida viene con un plan: un impuesto a la riqueza.

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La riqueza se grava en Uruguay, Argentina y Colombia en América Latina. En Europa, Noruega, España, Suiza y Bélgica hacen esto. Ahora la cuestión es que los estados deben recaudar fondos para hacer frente a la epidemia. No hay hambruna para los grandes multimillonarios. Según Forbes 2019, Carlos Rodríguez posee $ 4.1 mil millones en activos propiedad de otras empresas como Rodríguez-Pastor-Cineplanet, Bank Interbank, los centros comerciales Plaza Way y Vivanda.

Es incorrecto seguir utilizando actividades económicas que están completamente desvinculadas de las actividades sociales. La estrategia de comunicación será importante, especialmente en comunidades con fuertes representantes del gobierno. En este momento serán los principales aliados del gobierno y deben invertir en la reducción de las brechas sociales, la reducción de la pobreza y la creación de mejores condiciones para un cambio económico sostenible que promueva la igualdad y la normalidad.

En este contexto, el bicentenario de la independencia del Perú en 2021 puede cobrar un nuevo significado y convertirse en un hito histórico en la construcción de un nuevo acuerdo social, hasta el cual el país no ha podido lograr de otra manera, acuerdo que apunta a un futuro con más unidad social, justicia social, estabilidad e igualdad.

Al momento de redactar este informe, el sitio web del Ministerio de Salud de Perú ha reportado 68,822 casos positivos del gobierno 19 y 1,961 muertes. Las áreas con mayores tasas de contagio son Lima, Callo y Loreto. Perú es el segundo país más afectado después de Brasil en el número de casos confirmados.


Alejandra Dinegro Martínez Es sociólogo de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) y actualmente es profesor de política social. Es autor e investigador con experiencia en administración pública, así como autor de dos libros sobre empleo juvenil y programas de alimentación pública.